A pesar de que a nivel latinoamericano la discusión respecto al aborto avanza en algunos países hacia el horizonte de la despenalización y la protección de los derechos reproductivos y sexuales en favor de las mujeres, el debate en Centroamérica no se desprende de una visión punitiva y muy conservadora sobre un problema social, legislativo y de salud pública.
Países como El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras y Haití, son parte del reducido grupo de países a nivel mundial y latinoamericano en donde practicar un aborto o la simple sospecha de haberlo hecho, aún acarrea duras penas de cárcel en contra de las mujeres o el personal médico que haya decidido prestar ayuda en este caso.
Aborto prohibido sin excepción y en donde tampoco importa si este fue a causa de una violación, incesto o es un procedimiento necesario por cuestiones de salud. Ni aún si existieran complicaciones durante el período de gestación y que pueden provocar abortos involuntarios o muerte fetal, siempre se está bajo la sospecha de haber provocado un aborto voluntario.
En este sentido El Salvador ha liberado sólo a 5 de las 181 mujeres procesadas por este delito, y que sufrieron abortos espontáneos en las últimas dos décadas e incluso, tras ser liberadas y salir de la cárcel, éstas deben usar seudónimos para proteger su identidad.
En Nicaragua la realidad es parecida, y para el observatorio de Derechos Humanos Human Right Watch, la prohibición está poniendo en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas. Un país que derogó el único vestigio del Código Penal (artículo 165) que permitía el aborto terapéutico desde hace más de cien años, y que solo en 2006, un año antes de la llegada al poder del dictador Daniel Ortega, fuera derogado.
República Dominicana también se suma a esta lista, ignorando las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de autorizar el aborto en tres situaciones excepcionales como lo son la violación o incesto, el riesgo de muerte de la madre y una malformación congénita incompatible con la vida, se rehusa totalmente a cambiar esta política de salud.
Los intentos dos últimos intentos por renovar el Código Penal de República Dominicana en 2014 y en 2016, fracasaron ya que el entonces presidente, Danilo Medina, vetó su aprobación.
Una discusión que a decir verdad no avanza, a pesar de que algunos grupos proponen sólo permitir el aborto para salvar la vida de la madre o del feto y en el único caso de que se hayan agotado todos los medios médicos para tratar de evitar la interrupción del embarazo. Estos, simplemente duermen en sus respectivos países, se encuentran estancados por sus propios gobiernos, en donde predominan opiniones ultra conservadoras y religiosas, en un tema que originalmente le compete simplemente a las mujeres.
Imágenes de Human Right Watch, EFE, Ameco Press, Getty Images, Zuma Press, BBC y AFP